Esta semana se ha puesto de manifiesto que la Justicia es una cuestión de Estado. Y no a largo plazo. El barullo montado en torno a la sentencia sobre las hipotecas ha dejado muy tocado al poder judicial y ha servido para airear muchos de los problemas que hay que solucionar cuanto antes. Pero, en cualquier caso, no debe servir para poner en duda la fiabilidad de la Justicia. Es verdad que no es infalible, que hay muchos jueces que se equivocan y tienen actuaciones muy criticables, pero hay muchas sentencias que se emiten en todo el país muy correctamente. Y no hay que olvidar que España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el de Justicia de la UE. La ratio española es similar a la de Alemania, Holanda y Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. Lo cual no quiere decir que no falten controles en la Justicia española para corregir todos los errores y asumir las responsabilidades oportunas, como con las hipotecas.

Casi 40 años después de que entrara en vigor la Constitución, España necesita hacer una reforma de la Justicia. Es más que evidente. Por ejemplo, al fiscal no lo controla nadie. El fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno pero no tiene que pasar cuentas ante nadie. Es un error. Además, es otro fallo que su mandato dependa del Ejecutivo de turno. Debería tener un mandato superior al del Gobierno que lo nombra, para evitar en lo posible una misma línea política. Otra cosa es que los fiscales jefe en cada comunidad autónoma no tengan este problema y prolonguen su gestión. ¿Por qué el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera, lleva más de catorce años en ese puesto? Algo falla.

Otro ejemplo de que algo no va bien en la Justicia. ¿Un poder del Estado puede hacer huelga? ¿Por qué los militares no pueden hacer huelga y los jueces y fiscales si? Seguramente las peticiones judiciales de los últimos tiempos son muy legítimas. Solicitan una mejora de las condiciones profesionales, una modernización de la Administración de Justicia --que buena falta hace-- y un reforzamiento de la independencia. La dejadez a la que se ha conducido la Justicia es preocupante y la falta de medios solo hace aumentar la lentitud de la que tanto se habla. Claro que si se tiene en cuenta que se mantiene desde el año 1988 en España la ratio de que haya un juez por cada 10.000 habitantes, es normal que haya juzgados con sobrecarga de trabajo porque la evolución de la sociedad se ha quedado obsoleta para la Justicia. Esto también habría que cambiarlo, y la ministra, Dolores Delgado, que estos días ha intentado parar la huelga del tercer poder y hace unos meses ella misma secundó el paro, debería mostrar una mejor disponibilidad. Debe ocurrir que en su sillón ministerial está incómoda por sus conversaciones con el excomisario Villarejo y hasta muchos compañeros de Gabinete y de grupo parlamentario muestran su disconformidad con sus actuaciones.

Claro que los jueces no deberían decidir casi todo en este país, una sensación que se traduce ahora. Las impresiones de la Justicia que hay en la calle son que es fuerte con el débil y débil con el fuerte, que se obvia a las personas, que se defiende a los poderosos y que es fácil que unos jueces interpreten la ley de una manera y otros de otra. Además de las hipotecas, el caso de la cueva oscense de Chaves es también llamativo. El juez Jorge Sánchez Parellada deja que el empresario Victorino Alonso, que destruyó la cueva, no entre en la cárcel y no pague la indemnización correspondiente porque es insolvente. ¿Acaso no lo era también Isabel Pantoja y permaneció en prisión aunque fuera una condena de dos años? ¿Cuál es la diferencia?

Por no hablar en Aragón de casos como la repetición del juicio de La Muela a María Victoria Pinilla, porque el primero que se celebró tuvo irregularidades, o cómo se va a desmoronar judicialmente el caso Plaza por lo que se va viendo, u otras muchas sentencias que han cambiado después de unos recursos.

Si no se asumen responsabilidades, si nadie dimite después de tantos errores en la Justicia, se abre una rendija perfecta para los antidemócratas que ponen en duda el funcionamiento del Estado. Y ahí anidan con mucha facilidad todos los radicalismos que estamos viendo últimamente en Hungría, Austria, Polonia, EEUU.... Y los de Vox se ven crecidos.

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