Enfrentar la propia historia es una asignatura que 41 años después del fin de la dictadura franquista sigue pendiente. Resulta una anomalía que hoy todavía no se conozcan, ni mucho menos se hayan juzgado, los sucesos que hay tras miles de crímenes perpetrados al amparo de la guerra civil y del régimen dictatorial franquista. Los relatos familiares y privados se amontonan unos sobre otros, pero difícilmente logran dialogar entre sí en público ni tienen la posibilidad de verse reflejados en el relato global de la memoria colectiva. Sin recuerdo no puede haber olvido.
A nadie sorprende hoy en día ver a Angela Merkel rendir homenaje a quienes intentaron atentar contra Hitler, en virtud del derecho a la resistencia reconocido en la Constitución alemana. Tampoco suenan excesivas las palabras del juez sudafricano Richard Goldstone, quien en 1999 calificó de «error terrible» que las personas de un país sigan adelante con su vida sin resolver sus crímenes y sin haber decidido qué tipo de justicia quieren para ellos, porque «es entonces cuando la venganza y el odio aparecen».
En el Estado español, la historia es bien distinta. El Tribunal Supremo frenó en el 2012 los intentos de varios jueces, entre ellos Baltasar Garzón, de investigar los crímenes el franquismo como crímenes contra la Humanidad e intentar así desvelar las historias que hay tras la desaparición de más de 150.000 personas entre 1936 y 1951. Con ello, se buscaba no solamente contribuir a fijar una verdad histórica mediante la verificación y el reconocimiento oficial de hechos ciertos, sino también cumplir con la debida reparación personal y colectiva a las víctimas.
Desde los ayuntamientos hay mucho que se puede hacer para acompañar a los familiares de los miles de desaparecidos y asesinados en su legítima búsqueda de reparación. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza iniciamos una aportación modesta, pero sin duda de vital importancia: presentamos, junto con 33 familias de represaliados, una querella contra los crímenes del franquismo en nuestra ciudad. Además, la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo del Ayuntamiento de Zaragoza recogió testimonios relativos a 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas con desaparición forzosa incluida) y 11 casos de torturas.
Recientemente, hemos sabido que el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza ha sobreseído las reclamaciones de estas 33 familias apoyándose en que la Ley de Amnistía de 1977 contó con consenso de todas las fuerzas constituyentes. No era difícil esperar una argumentación jurídica de este tipo: sabemos que el relato del miedo ha calado fuerte en todas las instituciones españolas, incluido el Poder Judicial. Al juez Garzón le costó su carrera. Por otro lado, la insensibilidad de la titular del juzgado hacia las víctimas ha sido manifiesta al notificar el sobreseimiento un 18 de julio.
Sin embargo, la interpretación sobre la que se fundamenta este fallo judicial no es la única posible ni mucho menos la recomendada desde Naciones Unidas. El relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, Fabián Salvioli, ha exigido a España en repetidas ocasiones desde el 2015 que promueva reparaciones integrales para todas las víctimas y que no obstaculice las querellas presentadas para juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Y fue muy claro al decir que «no existe impedimento ni desde el derecho nacional ni desde el internacional para juzgar y condenar a los responsables de los crímenes del pasado». A ojos de los defensores internacionales de derechos humanos, la Ley de Amnistía no impide, en modo alguno, que se investiguen los crímenes de la dictadura.
En este contexto, acompañar desde los municipios a las víctimas en su periplo por los tribunales creo que tiene ya algo de restaurativo para ellas. Cuando hablamos de promover y hacer cumplir los derechos humanos, no es tolerable que se haga distinción entre unas víctimas y otras. Jorge Azcón y Sara Fernández han tenido la ocasión de demostrar un compromiso con el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de derechos humanos y la reparación de estas víctimas, que seguirán adelante con la querella. El actual Gobierno municipal no debería darles la espalda, máxime cuando entre los querellantes se encuentran familiares de trabajadores del ayuntamiento que sufrieron represalias por ser empleados públicos.
*Exalcalde de Zaragoza y portavoz
del grupo municipal de ZeC
