José Javier Salvador mató el jueves a la abogada Rebeca Santamalia estando en libertad condicional. En el 2003 asesinó a su esposa a tiros en La Puebla de Híjar y fue condenado a prisión hasta el 2021. Pero ¡diez años antes! del fin de la pena, en el 2011, un juez de Vigilancia Penitenciaria accedió a concederle un régimen de semilibertad (tercer grado), lo que le permitió empezar a disfrutar de permisos y, lo que fue más importante para su futuro, conseguir un trabajo fuera de los muros de la cárcel. En el 2015 puso en marcha su catarata de solicitudes de libertad condicional hasta que definitivamente logró su objetivo en diciembre del 2016, cuando el juez se la concedió pese a la opinión contraria de Instituciones Penitenciarias y del fiscal. En una cruel cabriola del destino, terminó matando a su abogada, la misma persona que le había tramitado siempre el papeleo y con la que mantenía una tormentosa relación sentimental. Con los (fríos) datos sobre la mesa, se abre el debate y a la vez se dispara la indignación en una sociedad en la que es lógico que cunda (aún más) la rabia cuando se trata de asesinos reincidentes. Las normas están para cumplirlas sí o sí y la justicia no solo merece respeto, sino acatamiento y obediencia, pero que conste que en muchas ocasiones se mueve alejada de la realidad de la gente, completamente reñida con el sentido común, que para algunos jueces parece el menos común de los sentidos.