En el año 2009 fue por presiones de Israel, ante la posibilidad de que un juez español juzgara el bombardeo de Gaza. Ahora, en el 2014, por presiones de China para impedir que sean encausados exdirigentes acusados de genocidio en el Tíbet. Si hace un lustro el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya restringió la jurisdicción universal a delitos contra la humanidad que afectasen a españoles, ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy va mucho más lejos hasta el punto de eliminar prácticamente este tipo de procesos. La razón de Estado se impone a la necesidad de hacer justicia allá donde no se ejerce.

La admisión a trámite en el Congreso, solo con los votos del PP, de la proposición de ley sobre la justicia universal va en este sentido. Si se aprueba tal como se ha elaborado, antes del verano quedarán sobreseídas numerosas causas abiertas por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes contra las leyes de la guerra. Porque la reforma elimina hasta la condición de que las víctimas sean españolas y exige para poder juzgar este tipo de delitos que hayan sido cometidos por españoles o por extranjeros residentes en España. Puede parecer extravagante que un juez de la Audiencia Nacional dicte un orden de búsqueda y captura contra dirigentes chinos por el caso del Tíbet, pero es que con la modificación que se prepara no podrán ser juzgados ni la muerte en Irak del periodista español José Couso, ni las torturas de Guatanámo aunque fueran sufridas por el ceutí Hamed Abderramán, ni la matanza de jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, en El Salvador, ni el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en el Chile de Pinochet. La proposición de ley discrimina además entre las víctimas porque para perseguir el terrorismo basta con que la víctima sea española, mientras que este requisito no es suficiente para los casos de genocidio o crímenes de guerra.

El PP alega que la reforma pretende adaptar la legislación española a la ratificación del estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), pero oculta que varios delitos que quedarán impunes afectan a países que no reconocen el TPI, como EEUU o China. Por el contrario, la nueva ley puede vulnerar la Constitución y el Derecho Internacional. Por ejemplo, al dictar que las causas pendientes queden sobreseídas hasta que se acredite que cumplen los nuevos requisitos para ser juzgadas.