Justos de justicia

España anda justa de justicia. Eso es al menos lo que piensa la asociación de Jueces para la Democracia, que ha demandado al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios en la Justicia, algo que según el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, favorece que las "tramas corruptas" puedan eludirla. Esta afirmación no es nueva, pero sí es nuevo que una asociación de jueces haya hecho uso de la Justicia precisamente para intentar revertir esta situación. Otro ejemplo de que no vamos sobrados de justicia ha llegado de Argentina, desde donde la jueza María Servini ha requerido el arresto y la extradición de 19 cargos del franquismo por los crímenes cometidos durante este régimen. Pese a que el requerimiento ha sido ratificado por la Interpol, el Gobierno ya ha anunciado su intención de no extraditarlos porque entiende, al margen de que hubieran cometido o no esos crímenes, que no pueden ser juzgados ni dentro ni fuera de nuestro país por la ley de Amnistía de 1977 y por la prescripción de los delitos. Un criterio que no comparten, al tratarse de crímenes de lesa humanidad, organismos internacionales como Naciones Unidas, que ha pedido reiteradamente la derogación de esta ley, o personalidades como el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suspendido en 2010 de sus funciones --aunque absuelto después en este caso-- por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. Y mientras los jueces andan justos de medios para ejercer su trabajo, a sus señorías, pero del Congreso y el Senado, les llega incluso para otros menesteres. Va a ser que no es casualidad.