Estamos asistiendo a un ataque frontal e implacable contra los principios y logros del llamado Estado de Bienestar por parte de las políticas neoliberales de ajuste. A este combate se ha unido la FAES, la fundación del PP presidida por José María Aznar y convertida en guardián de las esencias ideológicas de la derecha española. Ejemplo de ello es la publicación en el último número de sus Cuadernos de Pensamiento Político (junio 2013), de un trabajo de Elisa Chuliá titulado A propósito de la reforma del Estado de Bienestar que supone un claro cuestionamiento del mismo y de su viabilidad futura desde posiciones propias del más rancio conservadurismo.
Chuliá lanza su primera crítica al señalar que los Estados del Bienestar contienen en su interior el germen de su propia destrucción por haber logrado "éxitos sociales de primera magnitud", los cuales han supuesto unos elevados costes económicos que la autora parece desaprobar haciendo gala de un caduco clasismo derechista. Y cita el aumento de la longevidad de la población, la emancipación económica y social de la mujer y el incremento de los niveles educativos de lo que llama la "fuerza del trabajo", esto es, de la clase trabajadora. Los dardos de Chuliá se dirigen a estos innegables logros sociales y, de este modo, sobre el aumento de la longevidad, critica que haya supuesto "presionar al alza el gasto en pensiones y también, en menor medida, el gasto sanitario y el dedicado a otras prestaciones sociales". En estas ideas parecen resonar los ecos de algunos dirigentes del FMI cuando señalaban que los ciudadanos europeos "vivimos demasiado tiempo" y ello origina elevados costes para los Estados.
En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque reconoce que ello ha supuesto el aumento de los ingresos fiscales estatales, también ve aspectos negativos: retraso en la nupcialidad, descenso de la natalidad y, con ello, "reducción de contribuyentes" futuros, así como que las mujeres hayan dejado de ocuparse "de los miembros más vulnerables de la familia" (niños y ancianos), y un supuesto "aumento de la inestabilidad estructural" familiar, planteamientos, que recuerdan la vieja mentalidad retrógrada según la cual el lugar de la mujer era "en casa y con la pata quebrada".
El tercer ataque a las bases del Estado de Bienestar lo lanza contra la universalización del derecho a la educación. De hecho, Chuliá señala que "la amplia oferta educativa subvencionada", ha supuesto "una ganancia agregada en cualificación de mano de obra" que, ante la situación del mercado de trabajo, "ha originado desempleo y sobrecualificación".
EN CONSECUENCIA, la conclusión tiene una clara carga ideológica: los logros del Estado de Bienestar "desafían su propia sostenibilidad", algo que la derecha nunca se ha planteado garantizar mediante la implantación de una potente política de fiscalidad progresiva siguiendo el modelo socialdemócrata escandinavo. Bien al contrario, lo expuesto conduce a una peligrosa conclusión: el Estado de Bienestar tiene "desventajas competitivas" frente a otros modelos que, como el anglosajón, están mas desregulados y cuentan con menor protección social, argumento que se emplea para justificar los ajustes que serviría (¿?) para impulsar el crecimiento económico y el empleo.
Y, pese a lo dicho, Chuliá asegura que no pretende el desmantelamiento del Estado de Bienestar, aunque introduce peligrosos caballos de Troya en su baluarte tales como considerar que este nació "con carácter coyuntural" y no permanente, como respuesta a la situación económica, política, social y demográfica posterior a la II Guerra Mundial y que nada tiene que ver (según Chuliá) con el contexto de la Europa actual. Debemos recordar que, en aquel contexto, surgió el llamado pacto socialdemócrata, decisivo para el desarrollo europeo, sobre la aceptación de cuatro ideas básicas: fomento del pleno empleo estable; economía mixta en la cual coexisten un sector público empresarial compatible con el libre mercado; consolidación del Estado de Bienestar, concepto socialdemócrata basado en una amplia red de servicios públicos estatales y, también, una fiscalidad progresiva basada en la primacía de los impuestos directos.
El modelo socialdemócrata de desarrollo, eje central de política de los países más avanzados del mundo, empezó a ser cuestionado por el neoliberalismo a partir de 1980 y del fenómeno de la globalización. Otro misil lanzado contra la línea de flotación del Estado de Bienestar es cuando la autora señala que se tiende a identificar derechos sociales con prestaciones asistenciales, con subsidios y pensiones, algo que es un innegable (e irrenunciable) avance en nuestra calidad de vida y, con ello, parece negar nuevamente el progreso social: con este pensamiento seguiríamos anclados en el pasado y nunca se habrían logrado los valores propios de cualquier democracia avanzada.
Todos estos mensajes ideológicos de la derecha ultraliberal hacen que resulte imposible creer que la defensa efectiva del Estado de Bienestar esté garantizada mientras el poder político se halle en manos de quienes, como evidencia el ideario de la FAES y del PP, no creen en la viabilidad y necesidad del mismo como modelo idóneo de justicia y equidad social.
Fundación Bernardo Aladrén-UGT Aragón
