Cada día que pasa está más claro que, bajo el amplio capote de la Gran Recesión que aflige a los ciudadanos españoles desde hace ya casi cinco años, el gobierno que preside Mariano Rajoy viene intentando (y a menudo lo consigue) colar de contra-bando en este país una gran cantidad de mercancía ideológica más o menos averiada. Ideología ultraconservadora en economía, pero también ideología que tiene tanto que ver con la economía como el trasero con las témporas. A río revuelto, suele decirse, ganancia de pescadores, y no hay pescadores más avezados en aguas revueltas que quienes tienen por fundador de su Iglesia al pescador galileo: Pedro. Y así, gracias a la mayoría absoluta del PP, están a punto de conseguir que la Educación pública incluya la enseñanza de la Religión Católica como asignatura obligatoria (o su alternativa, también obligada) y que la nota cuente para, por ejemplo, obtener o no una beca. Y, si Dios no le remedia (que no lo remediará: tienen buena mano con Él), están a punto de dar marcha atrás en la historia y dejar a las mujeres sin el derecho a interrumpir su embarazo dentro de los plazos que avalan los científicos.
Cada vez que surge este asunto vuelven a mi memoria una película y una frase. La película es Atrapados en el tiempo, con su eterno y cansino retorno al Día de la Marmota, y la frase es una de las más famosas de Bertoldt Brecht: "Malos tiempos son aquellos en los que hay que luchar por lo evidente". Uno se pregunta qué maldición ha caído sobre este país para que, cada vez que avanzamos en el progreso de las libertades contra el oscurantismo religioso, tengamos que correr el riesgo de volver a la casilla de salida como si la lucha para conseguir esos avances no hubiera servido de nada. Un Día de la Marmota tan cansino como el de la película y no menos descorazonador. Y no hace falta decir que resulta agotador tener que seguir combatiendo por algo tan evidente como la separación de las creencias religiosas y las leyes civiles o penales en un sistema democrático occidental.
En realidad no hay nada que explicar ni tiene mayor sentido seguir discutiendo esta obviedad. No puede ser que varones con un elevado nivel intelectual como son los jerarcas de la Iglesia Católica no sean capaces de comprender razonamientos tan elementales, de manera que la conclusión es que, por debajo de esas batallas aparentemente ideológicas, lo que se libra verdaderamente es una cruenta batalla por el poder. Por el poder que ha ejercido de forma absoluta durante muchos siglos la Iglesia Católica en España y que siempre se ha resistido a ceder, incluso de forma tan modesta y limitada como suponen esos pasos hacia delante de las libertades, tan arduamente conseguidos y tan en peligro ahora.
Los privilegios de los que goza en España la Iglesia Católica, recordémoslo, se basan en un régimen concordatario compuesto por un Acuerdo entre España y la Santa Sede de 1976 y por cuatro Acuerdos del 3 de enero de 1979, entre ellos los que afectan a Enseñanza, Asuntos Jurídicos y Asuntos Económicos. No es este el lugar de referirse a ellos con detalle, pero sí de señalar la urgencia con que se firmaron, apenas cuatro días después de que el BOE publicara la Constitución y antes de que concluyesen las vacaciones de Navidad. Podría decirse que se firmaron sobre la bocina que señalaba el fin del periodo preconstitucional. Así, rubricados por un gobierno en funciones, nacido de la legalidad franquista, esos acuerdos han perdurado hasta nuestros días, treinta y cuatro años largos, sin que ninguno de los posteriores gobiernos haya intentado siquiera dar un paso para denunciarlos.
¿Por qué ha sido así? ¿Por qué se mantienen esos privilegios desmesurados para una determinada confesión religiosa en áreas tan sensibles como la Educación, la financiación a cargo del Estado o la exención de impuestos? Se puede pensar que los gobiernos de derechas (UCD, primero, y PP después) siempre contaron en su seno con un núcleo declaradamente confesional y, en algunos casos, vinculado a movimientos católicos cercanos al integrismo, por lo que no cabía esperar de ellos ningún entusiasmo por derogar esos acuerdos que benefician de forma dudosamente constitucional, y muy poco acorde con las reglas de un Estado aconfesional, a la Iglesia Católica. Pero es que tampoco la izquierda socialista, que ha gobernado hasta en seis legislaturas, movió un dedo en esa dirección más allá de vagas gesticulaciones y brindis al sol de algunos subalternos, nunca de los que han dirigido el partido.
Hace poco, y como excepción a esa regla que señala que los máximos dirigentes socialistas no hablan del tema, Alfredo Pérez Rubalcaba amenazó con revisar los acuerdos con el Vaticano si el gobierno sigue adelante con la reforma de la Ley de Educación y no ha vuelto a decir este concordato es mío. A pesar de ese desahogo, el Día de la Marmota vuelve a amanecer a diario y sigue siendo preciso combatir por lo que es evidente: que esos acuerdos no hay que revisarlos sólo si el gobierno hace tal o cual cosa que desagrade al PSOE, sino que hay que revisarlos en cualquier caso porque van en contra de los fundamentos laicos en los que debe basarse un estado democrático.
