La crisis económica ha hecho saltar por los aires la cordialidad de la Administración con las empresas concesionarias. En Zaragoza llevamos varias semanas comprobándolo con el conflicto abierto entre la empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ), los trabajadores y el ayuntamiento tras la firma del último contrato, en Madrid lo vimos con la reciente huelga de basuras, que convirtió la capital del reino en un estercolero, y en Barcelona se ha anunciado esta semana la venta de la torre Agbar, que dejará de alojar las oficinas del grupo del mismo nombre, vinculado desde sus orígenes a la gestión del suministro de agua y alcantarillado de esta ciudad, para albergar un hotel de lujo. Los tres episodios vienen a constatar la rentabilidad que los contratos con la Administración han tenido durante los últimos años para algunas empresas privadas, que han ido creciendo exponencialmente e internacionalizándose a costa del bolsillo de los ciudadanos. Otro "ejemplo de delirios verticales" --parafraseando a Gerardo Diego en su soneto al Ciprés de Silos es FCC, el imperio levantado por Esther Koplowitz (madre), que tras una espiral de expansión, dividendos y contratos públicos, está siendo desmochado ahora por las ventas, los créditos y la búsqueda de capital extranjero para afrontar las pérdidas acumuladas en los últimos meses. Y han sido precisamente las irregularidades demostradas en un contrato millonario de basuras lo que ha condenado al exalcalde de Torrevieja y exdiputado popular Pedro Angel Hernández Mateo a tres años de cárcel, aunque de momento ha esquivado su entrada gracias a la petición de indulto firmada por otros 40 diputados del PP en las Corts. Delirante.
Periodista y profesor
