La X legislatura de las Cortes aragonesas arrancó ayer con ocho grupos en el hemiciclo (más que nunca) y un pacto entre las izquierdas y el PAR para controlar la Mesa. El socialista Javier Sada, quien durante los últimos cuatro años ha sido portavoz del PSOE en la cámara, fue elegido presidente. En el mismo órgano parlamentario también han entrado representantes de Podemos, PP y Cs. Las izquierdas tienen mayoría. Su acuerdo de ayer prefigura casi con total seguridad la existencia de un pacto más amplio para configurar un Gobierno autónomo donde los socialistas tendrán la primacía y los regionalistas, CHA y Podemos pueden estar también presentes.

Sin sorpresas de última hora. La convergencia del PSOE, el resto de las fuerzas de izquierda y el PAR se daba por hecha casi desde la misma noche electoral, cuando resultó evidente que el partido liderado por Arturo Aliaga tenía la llave del Ejecutivo (era imprescindible para cuadrar la mayoría absoluta a un lado o al otro), pero probablemente se encontraría más cómodo entre los progresistas. Le interesa más ejercer de referente para determinados sectores sociales y grupos de presión, que ser un socio muy minoritario en el tetrapartito conservador. Su ideología le inclinaba hacia esta última opción; pero sus objetivos a corto y medio plazo no. Y más teniendo en cuenta el enfoque recentralizador que Cs y sobre todo Vox han imprimido a sus argumentarios y programas.

No obstante, si Sada habrá de manejar unas Cortes variopintas y complicadas, donde han de sonar ocho voces distintas en cada debate, el Gobierno que presida Javier Lambán también dará mucho trabajo a su presidente. Precisará armonizar los criterios de cuatro partidos muy diferentes e incluso hacer los gestos suficientes para añadir el apoyo de IU. PSOE y Podemos ya mostraron durante la legislatura anterior lo difícil que les resulta ponerse de acuerdo y actuar con un mínimo de lealtad mutua. Ahora, la presencia del PAR introduce un factor a priori disfuncional y contranatura.

Con todo, Aragón, sus problemas y necesidades sí deberían permitir un acuerdo transversal, ambicioso y pegado al territorio. Lograr una financiación adecuada, mejorar los grandes servicios públicos, impulsar la economía, combatir la desigualdad y frenar la despoblación son objetivos con mucho margen para el consenso.