Una de las derivadas del conflicto en la aplicación del Impuesto sobre Contaminación de Aguas (ICA) ha sido la constitución de una comisión en las Cortes aragonesas sobre los procesos de depuración y los planes que los sustentan y que culminan sobre la ciudadanía con el ICA. Se quiere analizar la planificación y la gestión de esos procesos y definir, si las hay, responsabilidades políticas. Sin embargo, en las tres primeras reuniones no han logrado ponerse de acuerdo en el número de comparecientes ni hasta cuándo retrotraerse para que sea viable y manejable la investigación. Tienen seis meses y ya han perdido uno. Tendrán que agilizar la voluntad de avanzar si se pretende eficacia. ¿O es que solo era por incordiar?