Lejos de vislumbrarse una solución a la iniciativa del Gobierno de Zaragoza que preside Pedro Santisteve de reducir la participación de la oposición en las sociedades municipales, el asunto tiene pinta de complicarse. Ahora, la oposición, tras encargar un informe técnico dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, anuncia que el articulado de la Ley de Capitalidad sobre el que se basó la decisión del alcalde para adoptar la decisión podría constituir fraude de ley. Sin que se adelanten decisiones, suena a una posible judicialización. Una más.
