Los familiares de 42 de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42, cuando regresaban de una acción humanitaria en Afganistán, quieren tomar parte en el procedimiento judicial que se sigue para depurar las posibles responsabilidades, pero el ministerio fiscal les ha cerrado la puerta por una cuestión formal. Las leyes tienen procedimientos que se deben respetar y hacer cumplir, pero ante un hecho tan grave como el de Turquía los derechos de las víctimas tienen que prevalecer. Negarles legitimación a las viudas, hijos, padres y hermanos de los militares muertos es tanto como negar la acción de la justicia.
