Si la propia subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María Jesús Fraile, reconoce que el Estado ha reducido cerca de un 50% la partida destinada a la Ley de la Dependencia en Aragón en los últimos dos años, no es de extrañar que en este periodo se haya retirado la prestación a más de 6.000 familias o que el 20% de los que tenían derecho hayan dejado de tenerlo. Una de las leyes más equilibradoras de las desigualdades y que garantizaba el apoyo a las necesidades de la edad, minusvalías o el reconocimiento a los esfuerzos familiares con los necesitados se desmantela.
