El Gobierno central planteará recursos de inconstitucionalidad contra una treintena de artículos de la Ley de Derechos Históricos de Aragón. El PP ya la había recurrido ante el Tribunal Constitucional. Hay diferencias de interpretación en invasión de competencias estatales en patrimonio o hacienda y justicia, entre otros. Desde la DGA reconocen que seguirán firmes en los artículos incluidos en el Estatuto de Autonomía. Puede haber divergencias, pero sorprende que sea el Gobierno de Sánchez el que recurra una norma que los letrados de las Cortes avalaron.
