Uno de los grandes temas del curso político que se abre será la reforma de la ley electoral local que sopesa el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando solo faltan nueve meses para las municipales. La primera sorpresa que provoca es la idea de cambiar las reglas del juego a última hora, fruto sin duda de la zozobra que ha provocado la fragmentación del mapa político español evidenciado en los comicios europeos. El cambio, apenas explicado por el Ejecutivo, se centra en el propósito de que gobierne los ayuntamientos la lista más votada. Así, la que obtuviera el 40% de votos lograría la elección directa de la alcaldía, cuando superara por cinco puntos a la segunda. Huelga decir que el PP saldría muy beneficiado, como CiU en Cataluña o Bildu en Euskadi, algo que gustaría bastante menos a los populares. El ejercicio de una mayoría absoluta no parece compatible con reformas de este calado que solo deberían abordarse desde el mayor consenso. Y no basta predicar un deseo negociador que, a la hora de la verdad, desaparece por el rodillo de la mayoría absoluta.
