La violencia ejercida sobre los menores tiene muchas caras. Desde la más evidente y trágica a la más oscura y persistente. Desde el asesinato al acoso; desde la agresión sexual a la discriminación en la escuela a menores con discapacidad o LGTBI. Desde el drama sangriento al déficit alimentario o emocional. Las cifras crean alarma: más de 100 denuncias al día, unas 38.000 el año pasado, con 21 menores muertos por causas violentas. Por todas estas razones, que aumentan al observar que solo el 15% de esos menores se ven con coraje de denunciar, el Gobierno optó por un anteproyecto de ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia que, si culmina su tramitación, será un «referente mundial», según Save The Children, implicada activamente en el borrador. España será así pionera en una ley global e integral que valore no solo el fortalecimiento del marco jurídico sino también políticas de prevención y concienciación. La norma prevé protocolos de detección de la violencia y del acoso en la escuela y en otros ámbitos de socialización y la lucha contra la impunidad de los pederastas para evitar, en lo posible, la prescripción de sus acciones. Empoderar a los menores y dotarles de instrumentos para defender su integridad, reparar el daño causado y, sobre todo, incorporar estas medidas en un texto integral son vías para frenar un drama intolerable.
