Casi un año después de conocido un primer borrador y tras múltiples dificultades en el seno del Gobierno, posiciones enfrentadas entre los sectores implicados y severas indicaciones del Consejo de Estado, ayer el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual (LPI). Una nueva normativa que debe intervenir en un ámbito cambiante por definición y con múltiples intereses en juego, con un amplio abanico que va desde la persecución de la piratería hasta el control de las entidades de gestión pasando, por supuesto, por la defensa de los derechos de autores y editores.

Es en este campo donde es más notable la diferencia entre los primeros apuntes conocidos y la nueva redacción. En marzo del 2013, el articulado era mucho más condescendiente con los llamados agregadores de noticias, mientras que ahora se establece la obligación que tienen sus responsables de compensar económicamente y de manera equitativa a los editores de prensa por los "fragmentos no significativos de información, opinión o entretenimiento" que tengan reflejo en dichos soportes. Queda por fijar el detalle y los mecanismos de la compensación, pero esta medida, reclamada de forma insistente por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que ayer la elogió, y que está en línea de la de otros países europeos, es una apuesta decidida por el respeto a la propiedad genuina de contenidos, que constituye la base de la industria periodística.

La LPI, por otra parte, consolida la sustitución del canon digital por el régimen de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado, una medida no bien recibida por los responsables de las entidades de gestión de derechos porque puede generar conflictos y consolidará el actual descenso de ingresos. La creación de una ventanilla única para el cobro de derechos de autor, si bien facilita la gestión, es vista con reticencia por una parte del sector, que la critica porque beneficia a la SGAE. El control de estas entidades --para evitar descalabros como el de la propia SGAE--, el refuerzo de la Comisión de la Propiedad Intelectual con más potestad sancionadora y la persecución de las webs que indiquen las rutas para acceder a las que alojen ilegalmente contenidos protegidos son otros aspectos clave de una ley que debe nacer con vigor para ser eficaz.