Esta semana, el Consejo de Ministros aprobará el plan nacional de reformas (PNR) 2014. ¿Incluirá la ley de servicios y colegios profesionales? Seguramente. ¿Se cumplirá el compromiso de aprobarla? A la vista de los antecedentes, la respuesta no puede ser más escéptica. Esta ley debía haberse aprobado ya en el primer semestre del 2013 y todavía no tiene texto definitivo. Pero no es un incumplimiento solamente del Gobierno de Mariano Rajoy, que lleva dos años prometiendo la reforma. En los siete años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco vio la luz un cambio legal que es obvio que tiene que favorecer los intereses de los usuarios de los servicios y que solo puede perjudicar los intereses corporativos de los profesionales agrupados en los mil colegios existentes en España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el Gobierno tiene ya un anteproyecto preparado, con el objetivo de reducir las colegiaciones obligatorias, rebajar las cuotas de colegiación y simplificar y hacer más transparente la maraña organizativa de esas profesiones. A falta de conocer los detalles, esos objetivos suenan bien.
