Estos días se han alzado numerosas voces denunciando que en España corre peligro la libertad de expresión. La orden de una jueza para secuestrar un libro sobre el narcotráfico en Galicia, la retirada de Arco de unas fotografías pixeladas en las que se califica de «presos políticos» a políticos presos y la condena a tres años y medio a un rapero por meterse con la monarquía, decir que «A ver si ETA pone una bomba y estalla» o «Que explote un bus del PP con nitroglicerina» son los tres casos que han levantado la polvareda. Varios escritores y artistas han declarado que temen ser condenados por manifestar su opinión y expresar sus ideas. Desde luego sí parece que obras de arte y textos literarios que nadie denunciaba hace años, ahora parecen subversivas proclamas revolucionarias. Un nuevo y rancio puritanismo se está imponiendo.
Pero lo trascendente es que de un modo sibilino, aunque a veces con una determinación grosera y zafia, los poderes efectivos van demoliendo todo aquello que cuestiona un modelo social y económico injusto y perverso para la mayoría. Los recortes en libertades y derechos comienzan casi siempre reprimiendo las vanguardias y los movimientos más progresistas, especialmente en el ámbito de la cultura y el intelecto, porque, aunque debería ser causa común de todos, en realidad importa a unos pocos.
Después se pasa a intervenir en los derechos laborales, como ha hecho la patronal recortando salarios y proponiendo con toda desvergüenza que los trabajadores en formación, ahora becarios, trabajen gratis e incluso pagando.
or fin, se comienza a desmantelar el Estado del bienestar de una manera sistemática y controlada. Se promete, para ganar unas elecciones como hizo M. Rajoy en 2011, que no se tocarán la educación, la sanidad y las pensiones y que no se utilizará dinero público para rescatar bancos y autopistas. Pero lo que se hace una vez se consigue la mayoría absoluta es aprobar la ley de recortes de libertades de 2105, la de aquel exministro Ruiz Gallardón, presunto corrupto por el caso ya judicializado del Canal de Isabel II, entregar decenas de millones de euros a la banca y a las empresas concesionarias de las autopistas y vaciar la hucha de las pensiones a la vez que se dice que el sistema no es sostenible y se anima al personal a contratar un plan de pensiones privado.
Y así, con polémicas sobre nacionalismo, políticos en Ginebra y Bruselas, banderas e himnos, se adormece a la ciudadanía mientras se expolian los bienes comunes. Unos genios.
*Escritor e historiador
