Comprendo que haya gente orgullosa de ser española. Al fin y al cabo es condición innata al ser humano adquirir cierta querencia al lugar de nacimiento, aunque este sea un sitio tan inhóspito, aunque hermoso --si bien para unas vacaciones o un documental-- como Alaska, o incluso un pozo de zahúrdas, porquería, miseria y delincuencia como el barrio londinense de Whitechapel en una novela de Charles Dickens (David Copperfield, por ejemplo).

Lo que ya no estoy tan seguro es que se pueda estar a gusto, salvo que se tenga menos sensibilidad social y menos sentido de la decencia que una almeja, en un país en el que el Tribunal Supremo absuelve a Ana Botella por haber vendido (bueno, el verbo vender usado aquí es un eufemismo) como alcaldesa de Madrid, a un fondo buitre nada menos que 1.860 pisos sociales. O que la Audiencia de Alicante haya absuelto a 34 implicados en el llamado caso Brugal, una manifiesta y patente trama de corrupción, por «la ilicitud de las intervenciones telefónicas».

Supongo que sus señorías los jueces meterán inmediatamente en la cárcel a los policías que intervinieron esos teléfonos de manera tan ilegal y delictiva, conculcando, según su misma resolución, derechos fundamentales amparados en la Constitución. Pero a que no; a que no pasa nada. ¿Sospechoso, verdad?

Ya no les cuento cuando llamas a una empresa de telefonía para modificar un contrato y te responde una voz amabilísima con modales encantadores que se va a grabar la conversación porque sirve como contrato para que te facturen el siguiente recibo. Bien, aceptas que te graben la conversación --contrato-- la voz meliflua avisa que es por tu seguridad, y acto seguido le pides que te remita una copia de la grabación, pues el contrato afecta a ambas partes. Entonces va la voz afectuosa y te dice que no, que no se facilita dicha grabación, o sea, el contrato, a ningún cliente. Oigan, con un par.

En el sistema feudal, hasta los contratos de vasallaje eran sinalagmáticos, es decir, que obligaban por igual a señor y vasallo, y se hacía una copia para cada uno, para futuras reclamaciones por felonía. O sea, que hasta en la oscura Edad Media (según algunos) había más derechos e información a la hora de firmar un contrato que en el siglo XXI con una empresa de telecomunicaciones. Lo de la Justicia es otro cantar, pero ya ven que andamos por camino tortuoso.

Entre tanto, los de la casta política no hacen otra cosa que mentir, insultarse y acusarse unos a otros de terroristas y golpistas. Y así nos va.