Hace casi 40 años que Inquinosa se instaló en Sabiñánigo, 25 desde que la cerraron por verter sin control productos tóxicos al medio ambiente mientras la empresa se llenaba los bolsillos con una actividad industrial que generaba cuatro kilos de residuos por cada uno de producto comercializable. Los beneficios de esa siniestra proporción fluyeron hacia sus propietarios, la mierda química que abandonaron en torno al río Gállego nos la hemos estado bebiendo aguas abajo. Poco a poco, sin que los parámetros se disparen, no vaya a ser que se confirme la causa y el efecto y, entonces sí, arda Troya. Costará millones aislar el veneno (si se logra) y ya se está viendo la seguridad que produce moverlo para que se mantenga inerte. Y los pagaremos a escote. Todos menos la compañía responsable condenada hace años (en este asunto todo hace muchos años) a indemnizar a Aragón con 6,4 millones de euros, que ahora ya son 20. Van a rastrear los bienes de Inquinosa, a ver si le pillan algún patrimonio. Ahora que vuelve el lío, con prisas. ¿Ninguna ventanilla de la DGA ha indagado en estas décadas cómo se dispersa la pista del delito? Uff, qué pereza, mover registros mercantiles, escudriñar corporaciones globalizadas, buscar recovecos en leyes internacionales. Como el Estatuto no da competencias en el CNI y sus agentes andan muy ocupados con el Estado Islámico y el soberanismo, no es fácil que los administradores escaqueados de Inquinosa sientan en su nuca y su cartera el aliento de la justicia universal aragonesa. Periodista
