La conversación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO entre la doctora al cargo de una residencia de ancianos y la hija de una de las personas ingresadas es una prueba dramática de la situación que se vivió en esos centros a lo largo de los meses más críticos de la pandemia, entre marzo y abril. En toda España se han abierto ya más de 240 diligencias penales que han de servir para esclarecer en qué medida se cometieron delitos como la omisión del deber de socorro, la denegación de auxilio, negligencia dolosa u homicidio imprudente. Este documento, cuya divulgación ha venido seguida de la dimisión del responsable de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, no es solo una constatación terrible de lo que ocurrió en las residencias sino la certificación de que en muchos casos los responsables se atenían a órdenes superiores que consideraron la necesidad de efectuar una cribado de los enfermos para no colapsar los servicios de urgencias. Es un hecho que la presidenta de la comunidad no puede reclamar que se ignore.

En situaciones límite, este tipo de acciones pueden responder a criterios individualizados al decidir quién tiene prioridad a la hora de recibir una determinada asistencia en función de la urgencia y las posibilidades de curación. En múltiples situaciones de crisis los profesionales han tenido que realizar este triaje, por duro que sea. Pero la problemática que ha generado el coronavirus se basa en si se han adoptado protocolos reglamentados, sin necesidad de evaluaciones pormenorizadas, que hacían inviable, en la práctica, la derivación a los centros hospitalarios de los enfermos ingresados en residencias y la condena de estos a un final inminente. Incluso, como en el caso de la paciente cuya hija pedía que se la atendiese, con ancianos que enfermaron antes de que las ucis quedasen al límite.

La conversación entre la hija de la anciana en situación crítica y la responsable sanitaria de un centro de Madrid parece una prueba concluyente del peso de dichas instrucciones en la restricción del acceso a los hospitales, un detalle importante a la hora de resolver tanto desde la perspectiva civil como penal los expedientes que están proliferando en juzgados y fiscalías y las denuncias presentadas por familiares y asociaciones de afectados. Otras comunidades, como Cataluñaa o Navarra, por ejemplo, emitieron documentos en los que se priorizaban a los «pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados». También en este caso, cualquier debate debe pasar por si las decisiones se tomaron de forma dolorosamente racional o fríamente indiscriminada. Con las cifras de mortalidad entre ancianos que tenemos ante nuestros ojos, son exigibles responsabilidades individuales y colectivas, por la propia dignidad de las víctimas y porque la sociedad reclama saber qué pasó en los periodos más cruentos de la crisis. No es razonable una judicialización politizada de los posibles errores cometidos en una situación abrumadora con la interposición de querellas contra los gestores de la crisis -como ocurrió con Fernando Simón- por la dificultad de valorar decisiones tomadas ante un panorama de enorme incertidumbre. Los afectados, eso sí, tienen todo el derecho del mundo a presentarse ante los tribunales para que se sepa la verdad sobre lo ocurrido estos meses en las residencias.