Si algo ha puesto en evidencia la crisis económica, política e institucional, es que una de sus principales causas ha residido en dejar libertad de acción casi absoluta a los poderes económicos, al margen de la intervención y control político y, por derivación, de la soberanía popular. Podríamos decir que este es uno de los elementos diagnósticos en el que finalmente han terminado por coincidir toda la izquierda y la mayoría de los movimientos sociales, aunque es justo recordar que algunos de ellos ya lo venían denunciando desde hacía tiempo.

ENTRE LAS reacciones que han surgido para tratar de subvertir este orden de cosas, encontramos en un pasado reciente el 15-M, las mareas, Podemos y, desde una perspectiva local, la iniciativa Ganemos. Todas ellas, en un sentido u otro, tratan de hacer visibles los culpables de la situación, colocando en la cima de las responsabilidades a los lobbies económicos y a aquellos políticos en el poder que se ponían sistemáticamente del lado de los poderosos y en contra de las víctimas.

Hoy en día andamos todos revolucionados tratando de encontrar nuevas y viables fórmulas para recuperar por parte de la ciudadanía el poder de decisión que, de facto, se ha visto reducido a través de artilugios burocráticos y legales. Se habla de revolución democrática, que devuelva al pueblo el derecho a decidir sobre su presente y su futuro. Y atisbamos un posible camino a través de iniciativas, aun por cristalizar, como es el caso, en nuestra comunidad, de Ganemos en las tres capitales de provincia y en algunos de sus municipios más significativos. Somos vecinos y vecinas con derecho a construir la ciudad que soñamos, nos dicen.

SIN EMBARGO, esta prometedora iniciativa local, que tiene amplificada su relevancia ante la proximidad de la cita electoral de mayo de 2015, no puede dejar de lado el elemento diagnóstico con el que he empezado este artículo. Si una de las causas de la situación en la que nos encontramos estriba en haber dejado campar a sus anchas a la economía globalizada, es nuestra obligación estar atentos a cualquier movimiento que trate de reforzar esta tendencia, para oponernos a él con fuerza. La situación exige acciones contundentes tanto desde una perspectiva local como global.

Esta reflexión viene a cuento de los avances que se están dando entre los Estados Unidos y la Unión Europea respecto al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por sus siglas en inglés TTIP). Se trata de un tratado que se está negociando en la actualidad con el aparentemente inocuo fin de "aumentar el comercio y la inversión entre la UE y EEUU". Sin embargo, hay que advertir de algunos riesgos. En primer lugar, el tratado, de llegar a ser aprobado, reduciría hasta el extremo la capacidad de acción de los estados en materia económica y, por derivación, en aspectos claves, como la política fiscal y laboral, ya que sería prácticamente imposible aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales que inspiran el TTIP. Se aspira a una igualación de derechos y normas de comercio entre los dos continentes, pero a la baja, es decir, aplicando los elementos y disposiciones menos garantistas de cada una de las dos legislaciones.

A este respecto, por ejemplo, algunos derechos laborales, como el salario mínimo, o los ya maltrechos derechos de representatividad de los trabajadores, se verían seriamente amenazados. En otro orden de cosas, el tratado pretende imponer como norma de actuación de los estados la privatización de los servicios públicos, estableciendo un grupo muy reducido de ellos que quedarían al margen de este proceso. Además, se quiere mantener la libertad de acción en los mercados financieros. Y en el colmo de la insensatez, el tratado prevé que las discrepancias entre los estados y los inversores extranjeros se sometan a procedimientos arbitrales privados, lo que supone, de facto, la privatización de la justicia económica internacional.

LOS CIUDADANOS europeos solo tenemos un camino para defendernos de estos ataques: la democracia. Sin embargo, también en este caso quieren limitar nuestra capacidad de oposición. Si todo sigue como está previsto, el trámite para su entrada en vigor pasaría porque la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión.

Este, a su vez, debería aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población), para pasar a continuación a aprobación del Parlamento europeo y su posterior ratificación por parte de los Parlamentos de cada una de las naciones que compone la Unión Europea. Pero, y esto es lo grave, a día de hoy no está en sus planes someterlo a referéndum ciudadano, paso que considero fundamental, pues va a determinar nuestro futuro a corto y medio plazo.

Por todo lo dicho, creo que es necesario articular una respuesta global ante esta ofensiva global. Por ello, deberíamos ampliar el eslogan antes comentado: somos ciudadanos y ciudadanas con derecho a construir el mundo que soñamos.

Sociólogo