El anuncio de que el Ayuntamiento de Zaragoza liberará 20 hectáreas de suelo para que las empresas sanitarias pujen para construir un gran hospital privado tuvo ayer una previsible y contundente respuesta de los colectivos y partidos que durante años han defendido con ahínco la sanidad pública. Recelan de que una de las primeras iniciativas urbanísticas del consistorio gobernado por PP-Cs en plena pandemia sea facilitar la instalación de un centro de estas características. No les falta razón, porque si bien es positivo y no se puede rechazar cualquier iniciativa que contribuya a la mejora de las prestaciones de la ciudad, hay que estar muy vigilante paraa que no vaya en detrimento de la sanidad pública, como ha ocurrido -con malas consecuencias- en muchas comunidades gobernadas por los conservadores. Por eso, es una buena iniciativa, pero nunca la prioridad de un gestor público.