Al Gobierno español no le quedaba otra que anunciar que limitará las actividades de Leopoldo López después de que este celebrara una conferencia de prensa a las puertas de la embajada en Caracas. El paso dado por el líder opositor venezolano ha desbordado de largo el marco de referencia que el derecho internacional y la contención diplomática establecen para alguien alojado en una legación extranjera, en este caso un político que ni siquiera puede acogerse al estatuto de refugiado. En una situación tan radicalmente confusa y cambiante como la de Venezuela, donde el desarrollo de los acontecimientos está lejos de confirmar la capacidad de la oposición para poner en jaque al Gobierno de Nicolás Maduro, el paso dado por López compromete de forma innecesaria la decisión de España de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado sin romper la comunicación con Maduro. Tal como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la embajada no puede convertirse en un «centro de activismo» de nadie, porque de hacerlo alimentaría una escalada de la tensión entre Madrid y Caracas que en nada contribuiría a un desenlace pacífico y ordenado de la crisis en curso. Siquiera sea por la decisión del Gobierno de confirmar al régimen chavista que no piensa entregar a López, este debe extremar la prudencia y atenerse a ella para no implicar a terceros en un complejísimo momento.
