"Los bienes son de Aragón"

Sin propósito alguno de descubrir el Mediterráneo, el nuncio recordó el axioma jurídico de que "las cosas claman por su dueño". Hace ya años, que la Justicia vaticana primero y después la ordinaria del Estado español, confirmaron esa pertenencia dominical. A ello cabe añadir que nadie, ni institución ni persona alguna, con conocimiento y buena fe, podría negar esa titularidad.

No es cierto, sin embargo, que esas sentencias (la canónica de 28 de abril de 2007 y la civil de 6 de septiembre de 2010) no se ejecuten porque sean el obispo de Barbastro-Monzón y el de Lérida, los que lo impidan al unísono. Lo desmiento: ¿cómo podría oponerse aquel obispado a que le restituyan sus bienes? Se teme, sí, que el Obispado de Lérida demore la devolución con el apoyo de autoridades civiles, haciendo difícil de entender la paciencia de Roma.

Opino que el titular del obispado leridano, monseñor Piris, desoye el mandato de las dos sentencias firmes o que está siendo inducido a desobedecerlo por razones non sanctas. Sorprende mucho que Piris se muestre más próximo a los apropiadores que al derecho de su propia Iglesia.

Es penoso que el nuncio no pueda responder más expeditivamente, a las preguntas de los medios y por qué continúen prevaleciendo en apariencia, razones inconfesables que no legitiman la tardanza. Esa demora sine die, despierta recelos y desacredita a la Iglesia católica.

Fue natural que el nuncio dijera que había venido a promover "un tiempo de gozo y alegría", dado que estaba en Zaragoza para asistir a la inauguración oficial de la planta renovada de una parroquia en el barrio rural zaragozano de La Cartuja Baja, ¡aleluya!, pero no se entendería que después de tanto tiempo sin saber nada sobre las restituciones pendientes, el nuncio viniera a Zaragoza y callara sobre el futuro de los bienes de marras. Estamos al borde del hartazgo: ¿no sabrá la Iglesia hacer justicia pese a su bimilenaria experiencia?

Extraña actitud tan callada del Gobierno español, que parece resignarse a lo que intente el Ejecutivo aragonés, pero este no es el responsable de lo que manda hacer (y no se hace) el art. 118 de nuestra Constitución: "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto". Esta es una obligación del Gobierno español.

Imagino que el papa Francisco, cuya presencia al frente de la Iglesia tantas esperanzas despierta, estará bien informado del "asunto de los bienes aragoneses" y que algún día, deseablemente pronto, tomará o mandará adoptar las medidas que acaben con tan grave desafuero. La Iglesia católica no puede seguir haciendo lo que no dice (aunque solo fuera dejar que pase el tiempo) y diciendo lo que no hace. Ojalá que ahora, "este problema se esté solucionando", según dijo el nuncio, porque "desde fuera", lo que se advierte (acaso sea por error de los que miramos) es que el asunto se halla como el escalafón de Infantería en sus peores tiempos, "en rigurosa posición de firmes", inamovible.

Manteniendo el respeto que merece el nuncio (además, un mensajero no es el autor de la noticia que nos traslada), más vale que no confíe en "contar con la colaboración de todos para la ejecución de la sentencia", porque la intención de los retenedores de los bienes no es en absoluto, la de restituirlos de propia voluntad, aunque el séptimo mandamiento ordene no hurtar y claro, restituir lo hurtado es indispensable para poder perdonar la sustracción.

Entiendo que es a la Santa Sede y al Gobierno español a los que corresponde, sin más dilaciones ininteligibles, el ejercicio de las facultades inherentes a la auctoritas de la cosa juzgada. Decían los romanos que la auctoritas es la fuente de la legitimidad, de lo judicialmente válido. Si permitimos que se empequeñezca la Justicia y que unos simples gorriones estropeen la cosecha, lo demás se nos daría tristemente, por añadidura. Y ese sigue siendo, respetado nuncio, el temor que sentimos muchos.