Con poco tiempo de diferencia coincidieron ayer dos foros muy distintos --la organización no gubernamental Transparencia Internacional y los jueces decanos españoles-- en advertir de la gravedad del problema de la corrupción y el fraude en España. El compromiso adquirido por Rajoy, en su reciente comparecencia en el Congreso, no admite por lo tanto ningún titubeo ni flaqueza, y el presidente del Gobierno haría bien en ganarse la credibilidad, que muchos le niegan por sobrados motivos, con una acción política decidida. Porque España, según Transparencia Internacional, no ha prosperado en el ránking mundial de percepción de la corrupción. Ocupa el puesto 37° (el 19ª de Europa) entre 175 países, y solo Italia y Grecia están peor en la UE. El diagnóstico de los magistrados no es menos catastrófico en su análisis de cómo afecta la cuestión al sistema democrático y de los medios que precisa la justicia para luchar contra la corrupción. Y es que la reiterada alusión a la regeneración democrática debe ser una obligación ineludible para todos los agentes políticos y no un eslogan mitinero que queda bien.
