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LA MALA EDUCACION

  •  La ley de calidad debe afrontar cómo ha de ser la enseñanza en un Estado plurinacional


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    ANTON LosadaANTON Losada 04/04/2004

    Le falta fortuna a la enseñanza en España. Desde principio del siglo XX, gracias a la visionaria advertencia del regeneracionismo de Joaquín Costa, hablamos de su carencia como causa de nuestros males y su valía para librarnos de ellos. También desde entonces, ha sido y es objeto y ejemplo de la afición a la política de vuelo bajo que tanto se practica por estos pagos.

    La política española siempre habla de oídas sobre la educación. Ni una sola reforma de las múltiples propuestas, emprendidas, revisadas, corregidas, terminadas o truncadas, estaba firmemente asentada sobre una evaluación fiable de los resultados de la vigente, las deficiencias del sistema y los dilemas a resolver. Entre otras cosas, porque ninguna reforma ha aguantado nunca el tiempo suficiente para amortizar resultados. Siempre han pesado más los prejuicios ideológicos del autor o las preferencias profesionales, que la ponderación de las necesidades y expectativas de sus clientes y usuarios.

    NO HA PASADO todavía de ZP a presidente Zapatero y ya volvemos por donde solíamos. Por la mala educación y ponerse a dirimir quién se queda sin recreo. La reforma necia y profundamente reaccionaria decidida unilateralmente por el Gobierno de Aznar, convirtiéndola en emblema de su soñada España de intachable linaje católico, hidalgo y castellano sólo puede tener un justo destino: la jubilación completa y anticipada antes de que cause más estropicio. Lo dijeron todos con claridad y con su voto en la oposición.

    Es de suponer que los socialistas obrarán en congruencia. Antes del 14-M hablaban de derogación, no de moratorias ni suspensiones a la carta. O se aplica como está, o se hace una ley nueva. Esa decisión corresponde al futuro Gobierno. Nada le impide anunciarla hoy, mañana o pasado mañana, como hace con los futuros ministros. Si anda por las ramas, ya se le pedirán explicaciones. Las urgencias de los gobiernos catalán y canario sólo se entienden desde la desconfianza hacia la promesa socialista y la codicia de apuntarse un tanto mediático. Ambos casos pertenecen a la categoría del folclore antes que a la política.

    Más enjundia en su fondo, que no en su forma destemplada, contiene la posición del Gobierno vasco, reclamando su derecho a desarrollar su propia regulación educativa tomando como referencia la legislación europea. Prescindiendo de las descalificaciones de guardia que recibe cuanto provenga del nacionalismo, la demanda de Euskadi viene a recordaros que el futuro de la enseñanza pública no pasa exclusivamente por otra LOGSE u otra LOCE, donde un Gobierno central hiperactivo indique a los gobiernos gallego, o vasco o catalán cuándo, cómo o cuánto pueden enseñar sus lenguas nacionales en unos colegios que pagan con sus impuestos gallegos, vascos o catalanes. Gustarán más o menos las formas, pero plantea un asunto verdaderamente sustantivo en una polémica que iba para insustancial.

    Nuestros dilemas educativos no se reducen a hacer otra ley menos centralista, con menos horas de castellano, con la religión incorporada u opcional o con menos colegios concertados o desconcertados. Son elementos importantes, pero meramente sintomáticos de la tensión de fondo que una ley educativa que merezca tal nombre debe afrontar y no puede seguir demorando. La futura regulación debe escoger o aprender a conciliar dos visiones de cómo debe ser la educación en un Estado plurinacional y multicultural del siglo XXI.

    LA VISION dominante y vigente sostiene la opción por un sistema jerarquizado y controlado desde el centro por un Estado que sólo descentraliza la gestión y la administración. La visión alternativa impulsada desde el nacionalismo vasco, catalán o gallego, apuesta por un gobierno central más pequeño y ceñido a la responsabilidad de lograr la cooperación racional y eficiente entre sistemas educativos propios y autónomos, adaptados a nuestra realidad plurinacional y a las demandas efectivas de esas sociedades.

    Las necesidades educativas de Galicia no son las de Euskadi, Catalunya o Andalucía. En ningún sitio está escrito que sea mejor, más solidario o más eficiente un sistema educativo estatal rígidamente centralizado que un Estado más pequeño y dedicado a gestionar con eficiencia la cooperación en una buena red de sistemas educativos.

    La difunta LOCE no sirve porque es mala, autoritaria y donde dice calidad quiere decir control. Pero, sobre todo, porque agrava o ignora los problemas críticos que muchos queremos ver gestionados desde el principio y desde la buena educación, que desde siempre se dijo que empieza en la casa de cada cual.

    *Profesor de Ciencias Políticas de la

    Universidad de Santiago de Compostela

     
     
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