El Tribunal Supremo (TS) ha endurecido la respuesta penal a los casos de corrupción con dinero público y considera que el desvío de fondos de las sociedadades mercantiles participadas con dinero público deberá considerarse como malversación (con penas mayores) y no como apropiación indebida (más leves). El acuerdo surge como respuesta al recurso interpuesto por los condenados del caso pagarés de Plaza, cuya defensa consideraba que no había malversación al estar participada por capital privado. La decisión del Supremo refuerza la percepción y demanda ciudadana de que los casos de corrupción que afecten al erario público deben tener una respuesta jurídica auténticamente ejemplar.
