Durante mucho tiempo a muchos se les han henchido de gozo las meninges con Plaza, proyecto hecho realidad que cuenta con aspectos más que positivos. Hoy, y más allá de sus bondades, han salido a la luz comportamientos dolosos que deberán o no pagar presuntos delincuentes, en función de lo que determine la Justicia. Y aquí es justo cuando conviene recordar que este tipo de intervenciones públicas únicamente son posibles cuando los políticos dan el placet. Sociedades complejas, cuentan con unos consejos de administración de los que forman parte personas nombradas por su pertenencia a la DGA, ayuntamiento, Ibercaja y CAI. ¿Para qué sirven estos consejos cuando de las declaraciones de sus miembros se desprende una absoluta inoperancia? ¿Para cobrar dietas, cerrar la boca y decir amén? Resulta intolerable que cuando vienen mal dadas se escuden en los informes de los técnicos y en los burócratas empresariales. Si además existen relaciones cuando menos peligrosas, algunos deberían comprender que en aras de esa trasparencia con la que tanto se llenan la boca ha llegado el momento de demostrar la inocencia presentado dimisiones. Caso contrario, no deberían sorprenderse de que la ciudadanía piense que algo huele a podrido en el reino de Aragón, aunque mucho me barrunto que ya se está urdiendo la trama para que algún chivo expiatorio --seguro que responsable de muchas cosas- pague por todos, aquí paz y dineros, y después gloria, que son dos días. Profesor de universidad