Los fusibles entre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y los múltiples casos de corrupción del Partido Popular en esa comunidad se van fundiendo uno tras otro. Mientras el que fuera uno de sus hombres de confianza, Francisco Granados sigue en prisión preventiva por su implicación en el caso Púnica, ayer fue detenido su última mano derecha y que finalmente le sucedió, Ignacio González. Está investigado, léase imputado, en un caso referido a la gestión del Canal de Isabel II, una de las joyas de la corona de los mandatos del PP en la Comunidad de Madrid. Un ente público que teóricamente iba a ser privatizado pero que por lo que investiga el juez Eloy Velasco llegó a convertirse en una plataforma para desarrollar opacas operaciones en Brasil. La empresa que gestiona el Canal también fue investigada en el caso Púnica.

La imputación de González deja nuevamente en evidencia los argumentos exculpatorios utilizados hasta ahora por Aguirre para mantenerse en la primera línea política, ahora como jefa de la oposición en el ayuntamiento de Madrid.

Cuando apareció la trama Gürtel o cuando se investigó a Granados, Aguirre se presentó como una víctima que se había dedicado a perseguir la corrupción liderada por quienes se habían querido apropiar de su partido. Ese argumento no sirve en el caso de Ignacio González, que fue su mano derecha hasta el final y al que ungió como su sucesor. Una confianza que tampoco quebró cuando fue investigado por el famoso ático que utilizaba en Marbella.

Tras la actuación judicial de ayer, promovida -esta sí- por la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, queda claro que todos los máximos cargos de confianza y secretarios generales del PP en Madrid que colocó y protegió Aguirre han acabado implicados en distintos casos de corrupción. Una circunstancia que, además, ilumina el enfrentamiento que tuvieron Granados y González con espías de por medio y que ahora se entiende como una lucha por controlar determinados organismos clave en cada una de las tramas investigadas. Aguirre deberá dar ahora explicaciones por todo ello, en primer lugar ante la Asamblea de Madrid. Pero todo apunta que le será muy difícil demostrar que no sabía nada y mantenerse en sus actuales responsabilidades.