El mismo día en que el juez Pedraz ordenó la detención e ingreso en prisión del auditor de Gowex, la empresa que ha estafado a 5.000 accionistas falseando sus cuentas, se conocían detalles del anteproyecto de la Ley de Auditoría de Cuentas del Gobierno. El rosario de escándalos de corrupción revela el estrepitoso mal funcionamiento de estas auditoras y sus posibles relaciones de complicidad con la misma firma que les paga porque de lo contrario no se entendería su escandalosa ceguera ante contabilidades tan sospechosas como las de Bankia, Pescanova o Gowex. Los auditores no recibirán más del 15% de sus ingresos de tres años seguidos de la compañía de interés público que controlan, y también verán limitados los honorarios por trabajos para la empresa distintos a los de la propia auditoría. Este exigible rigor a las firmas privadas debe extenderse a los grandes controladores públicos, como el Tribunal de Cuentas, las cámaras regionales y el Banco de España. Tarde, pero bienvenida sea la norma, que beneficia a los que trabajan bien, y que debería tramitarse de forma urgente, sin esperar hasta el año 2016, como se anuncia.
