El balance en los juzgados de Zaragoza de la aplicación de la Ley de Juicios Rápidos, de la que se cumplen 18 meses, tiene luces y sombras. Los juristas no dejan de valorar que más de la mitad de los 6.500 casos vistos en este periodo haya culminado en sentencia, pero también alertan de la necesidad de medios materiales y humanos para conseguir el objetivo final para el que la norma fue concebida, pues las carencias se suplen en muchos de los casos por el voluntarismo de jueces, fiscales, abogados y funcionarios judiciales. La puesta en marcha del segundo juzgado de guardia en la ciudad sería una importante ayuda.