Las estadísticas de siniestralidad en las carreteras españolas en el conjunto del 2016 han confirmado lo que ya se venía venir tras el primer trimestre del año: las víctimas mortales han aumentado por primera vez desde el 2003, cuando se inició un continuo descenso de fallecidos. Es cierto que un análisis en perspectiva de los accidentes de carretera en España en estos 13 años ofrece un balance global muy positivo, porque los muertos se han reducido el 70% (desde los 3.993 del 2003 hasta los 1.160 del 2016), pero todo lo que no sea consolidar e incrementar el descenso de víctimas es un grave tropiezo en el objetivo de hacer más seguras las vías de circulación. En las sociedades altamente motorizadas -casi todas las del mundo de hoy- es utópico esperar que no haya accidentes de circulación con víctimas, pero no por eso hay que bajar la guardia en la estrategia de acercarse lo más posible a ese ideal, porque solo habrá pocos fallecidos si todos actuamos como si no pudiera haber nunca ninguno.
No debe haber margen para el fatalismo: en el 2016 Aragón también ha aumentado el número de fallecidos, pero solo en uno al pasar de 54 a 55 muertos. la luz de los hechos, parece evidente la relación entre el incremento de víctimas en el conjunto de España en el 2016 y dos circunstancias políticas: la interinidad del Gobierno durante casi todo el año y la poca sensibilidad del Ministerio del Interior sobre la seguridad viaria, aderezada con episodios de corrupción administrativa en este ámbito. El nuevo reglamento de circulación, que preveía endurecer las sanciones por las infracciones al volante y reducir la velocidad máxima en las carreteras convencionales, ha dormido en los cajones ministeriales pese a que los expertos de la Dirección General de Tráfico urgían su aprobación. El nuevo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quiere medidas de choque y anuncia un plan integral en tres meses. Una de las acciones prioritarias deberá ser frenar el alarmante aumento del uso (sin sistemas de manos libres) del teléfono móvil al volante, una irresponsabilidad que se traduce en que las distracciones han pasado a ser la principal causa de los accidentes mortales (el 28%). La pedagogía será básica, pero la punición será imprescindible porque están en juego no solo vidas humanas sino nuestra salud social colectiva.
