El juez que instruye el caso pagarés, por las supuestas irregularidades en Plaza, ejecutó ayer una iniciativa para acceder a una serie de documentos sobre la gestión de la UTE que lideraba Acciona y que, pese a haber sido requeridos desde septiembre, todavía no estaban en poder del juzgado. La Brigada de Blanqueo de la Policía logró ayer que la empresa los cediera. De no haberlo hecho, el juzgado tenía preparada una orden de entrada y registro. Mientras, se rastrea la actividad que desarrolló Codesport entre 2005 y 2012, la constructora de Agapito Iglesias, imputado junto a García Becerril y Escó y Pérez por el presunto desfalco de 14 millones de euros en la construcción de las naves de Autocity. Poco a poco, la iniciativa judicial desentraña la información que debe conducir a encontrar la verdad que los ciudadanos demandan.
