La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) obtuvo durante el pasado ejercicio en Aragón un total de 221 millones euros como resultado de su actividad en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. La cifra supera en casi un 5% la del año anterior y representa un récord en esta tipo de recaudaciones en la comunidad. Además del hecho mismo de recuperar para las arcas públicas unos fondos que los contribuyentes no habían declarado, estas cifras se producen en un contexto todavía importante de crisis económica, periodo en el que caen las bases imponibles. Es por tanto una buena noticia para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias el saber que se está estrechando el cerco sobre los defraudadores en Aragón y, especialmente, al contrastar este incremento que se produce en nuestro territorio con la caída del 9% que se registró por este concepto y en el mismo año en España.

Los datos aportados por la AEAT demuestran asimismo que determinados incrementos recaudatorios, como el que se describe, no ocurren porque sí. Curiosamente coinciden con el refuerzo de las actuaciones inspectoras, que en Aragón se elevaron un 4% respecto al ejercicio anterior. Por ejemplo, se elevaron un 11% en el sector de profesionales y en facturación irregular el aumento alcanzó el 247%.

Pese a estos datos positivos que se dan en la comunidad y que la economía sumergida en la misma se establece en torno al 22,3% del PIB (más de dos puntos y medio por debajo de la media nacional), convendría recordar que la plantilla de la AEAT en todo el Estado asciende a 26.231 trabajadores, 1.400 menos que la media de los años anteriores. Si como denuncian los profesionales de la agencia tributaria la lucha contra el fraude exige recursos para hacerse efectiva, la disminución de la plantilla no proyecta precisamente un mensaje alentador.

Conviene no olvidar que la economía sumergida en Aragón mueve más de 7.000 millones de euros al año, una cantidad cuyo volumen puede percibirse claramente si se compara con el presupuesto de la DGA, que supera ligeramente los 5.000 millones de euros. Bien está el incremento de la recaudación por fraude fiscal, pero ese dato solo hace que confirmar que sigue habiendo una elusión de impuestos demasiado alta e intolerable en una sociedad democrática. No hay que bajar la guardia.