Los datos de nuevos casos positivos en la comarca del Segriá, fronteriza con Huesca, hacen que se tengan que extremar todas las cautelas. Mientras en las comarcas altoaragonesas del Bajo Cinca, Cinca Medio y la Litera; y en la zaragozana del Bajo Aragón-Caspe, se ha optado por situarlas en la fase 2; en la vecina Lérida se ha optado por el confinamiento perimetral aunque no se descartan acciones más contundentes por los rebrotes, que se están expandiendo. Según la consejera catalana de Sanidad, Alba Vergés, se auguran diez días difíciles en esta zona.

Ante esta situación, junto a la comarca lucense de A Mariña la más preocupante de todo el país, conviene extremar las alertas en Aragón, ya que la proximidad de las comarcas leridanas con las aragonesas así como los numerosos vínculos comerciales y laborales, obligan a que haya que seguir controlando muy estrictamente lo que suceda en estas zonas. Sorprende en cualquier caso que cada administración autonómica tome decisiones distintas para una situación pareja, aunque se insista que en Aragón el problema de momento no tiene la magnitud que en Cataluña, a pesar de que los orígenes del brote sean similares. Así lo ven los residentes en estas zonas, sorprendidos una vez más de que las decisiones políticas sean ajenas a la realidad socioeconómica y sociocultural de este eje.

Y mientras, sigue sin resolverse el drama que viven centenares de trabajadores del campo y para los que de momento no hay soluciones que les garanticen seguridad laboral y unas condiciones de higiene básicas. Son los ayuntamientos de estas comarcas, como hizo el de Fraga, los que están asumiendo una tarea que, de momento, no está contando con el apoyo de los gobiernos autonómicos ni con el central. Urge que se den unas condiciones básicas y elementales a todas estas personas que trabajan en el campo durante los próximos meses, y más en tiempos de pandemia.