La presión migratoria ha hecho aumentar en España el número de menores no acompañados (menas), que se distribuyen por las comunidades autónomas. En Aragón se ha duplicado su presencia hasta los más de 200 en la actualidad. Y la obligación, como menores, es facilitar su inserción social y laboral. Si alguno comete actos delictivos su tratamiento debe ser como el que se da a cualquier otro menor, pero no criminalizar al resto del colectivo.