Ayer entró en vigor una medida que ya fue ideada por el actual director general de Tráfico cuando ostentaba el mismo cargo en el 2011, en la Administración del PSOE. En el borrador de la reforma del reglamento de circulación, Pere Navarro incluía la reducción a 90 km/h de la velocidad máxima permitida en las carreteras convencionales, que es donde se producen (el 75%) la mayor parte de accidentes. Más de 900 personas fallecieron en estas vías en el 2018, la mayoría de las veces como consecuencia de un exceso de velocidad. El Gobierno del PP, sin embargo, consideró que la imposición de este límite iba en contra de sus expectativas electorales por considerarse una medida impopular. Ocho años después de aquel borrador y casi 40 después de estipular una velocidad de 100 km/h, España, como ocurre ya en media Europa, implanta una reducción avalada por los expertos que tendrá que imponerse de inmediato con más radares y más control, en beneficio de la seguridad viaria. Una seguridad que hasta países como Alemania se plantean al abrir el debate sobre reducir a 130 kilómetros por hora la velocidad en las autopistas, hoy sin límite. Aquí, la DGT también estudia poner calles a 20 kilómetros por hora en las ciudades si se trata de vías con una plataforma única de calzada y acera. El equilibrio entre seguridad y velocidad parece afianzarse.
