Algo puede estar cambiando en la reacción de los poderes públicos en España ante los casos de presunta corrupción. Al menos, esto es lo que permite interpretar la inmediata respuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a la revelación de EL PERIÓDICO de que una vocal de ese organismo, Mercè Pigem, fue sorprendida recientemente cuando intentaba regresar de Andorra con 9.500 euros en efectivo. No supone ninguna ilegalidad, pero sí es una suma considerable, lo que unido a los 10.600 euros que llevaba la hermana de Pigem ---en este caso, sí más de los permitidos-- dispara las sospechas en un momento de extrema irritación ciudadana por las irregularidades en la gestión de lo público. De ninguna manera hay que emprender una caza de brujas, pero es legítimo preguntarse si esta operación de las hermanas Pigem, cuya madre reside en Andorra, ha sido habitual o algo episódico. Hay que recordar que las transferencias bancarias entre particulares son hoy muy fáciles (y controlables por las autoridades), y que el trasiego físico de sumas elevadas no es necesario, a menos que sea dinero fiscalmente opaco. Finalmente, Pigem ha dimitido haciendo caso a Lesmes.
