De la misma forma que no hay vacuna contra el covid-19 y los científicos no han encontrado la manera de detener la cadena de contagio, tampoco hay forma de evitar los efectos que la emergencia sanitaria ya tiene sobre la economía. Decenas de miles de personas ya han perdido de forma temporal su empleo. Los estragos que causa la emergencia económica empiezan a ser evidentes cuando apenas ha empezado el proceso de confinamiento dentro del estado de alarma decretado por el Gobierno.

El primer día laborable de confinamiento dejó imágenes que causaron cierto revuelo, como pasajeros en el metro. El Gobierno central permite acudir a trabajar en aquellas empresas que mantengan su actividad, de ahí que hubiera desplazamientos de personas. Ese es el dilema al que se enfrentan los gobernantes no solo en España, sino en Europa, convertida ahora en el epicentro global de la epidemia, según la Organización Mundial de la salud (OMS): encontrar el equilibrio entre combatir la emergencia sanitaria sin que ello arrase con la economía. El modelo chino de confinación total supone detener por completo la economía. Italia ha seguido este camino, mientras que España permite salir a trabajar. El Reino Unido, donde Boris Johnson se resiste a tomar medidas drásticas que afecten a una economía marcada por el proceso del brexit pese a los informes científicos que alertan de las consecuencias sanitarias de esta decisión.

No es este un debate sencillo, que pueda ventilarse alegremente, con argumentos superficiales y estériles. La responsabilidad que recae sobre los gobernantes es descomunal. Deben sopesar, como vasos comunicantes, los efectos de sus decisiones en un escenario en que no hay soluciones buenas, sino menos malas. Y también es su responsabilidad diseñar políticas para evitar una emergencia social que hay que evitar a toda costa.