Que el dictador Franco después de 43 años de su muerte permanezca todavía en el Mausoleo del Valle de los Caídos, como símbolo de su victoria y humillación de los vencidos, es una anomalía democrática. ¿Existe algún mausoleo de Hitler en Berlín, de Mussolini en Roma, de Pol Pot en Nom Pen, o de Videla o Galtieri en Buenos Aires?

Que en 22 años de gobierno del PSOE no se haya corregido este auténtico insulto a la dignidad de la sociedad española llama la atención. No sorprende que no haya hecho nada la derecha y que ahora se oponga. Del PP sabiendo de dónde vienen se explica su conducta. Pero el partido de Albert Rivera, ¿No traía aire fresco a la política española?

A una ciudadanía impregnada de valores democráticos una dictadura es intolerable. Y sin embargo, a muchos españoles la exhumación del dictador les resulte irrelevante o incluso está en contra. Lo que resulta muy inquietante, demostrando que la democracia auténtica, que es mucho más que votar cada 4 años, no ha calado en profundidad en esta España nuestra. Afortunadamente parece que está anomalía democrática va a ser subsanada, ya que en el Consejo de Ministros de 24-8-2018 se ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura conocida como Ley de Memoria Histórica, para permitir la exhumación y traslado del dictador Franco del Valle de los Caídos.

Y también es una anomalía democrática el comunicado de un sector del ejército manifestándose en contra de la exhumación de Franco, defendiendo y enalteciendo su figura, y criticando la «campaña infame» de la izquierda memorialista, porque el Mausoleo del Valle de los Caídos, es, según ellos, un «símbolo de reconciliación».

Todo conocedor de nuestra historia debería saber que una de las mayores dificultades para la modernización de España ha sido el intervencionismo constante del ejército en la política. Hemos sufrido un ejército pretoriano. Hecho que se produce cuando los militares en lugar de ser «profesionales», se convierten en «pretorianos», nombre tomado de la Guardia Pretoriana Imperial que, en la antigua Roma, hacía campaña con el emperador y servía de policía política.

Según Josep M. Colomer en su libro España: la historia de una frustración, lo único que el ejército español nunca ha hecho es lo único que se espera de un ejército: defender el país de los ataques extranjeros. Derrotado en el exterior y también en el interior con los franceses en 1808 y 1823, además de controlar y perseguir a los propios españoles se dedicó a la actividad política. También es cierto que en gran parte como señala Stanley Payne, debido a la debilidad institucional del Estado, no necesariamente porque los militares fueran especialmente ambiciosos, sino porque la sociedad política se había derrumbado. Por ello, muchos militares se sintieron obligados a intervenir en política para sustituir a un gobierno inadecuado, según sus criterios naturalmente. Fue la insuficiencia institucional del Estado español la que estuvo en la raíz del problema militar. Y como consecuencia de ese papel fundamental de los militares en la política, eso obstaculizó el desarrollo de las instituciones civiles y confirmó la debilidad del Estado. Un círculo vicioso de difícil salida.

Las diferentes formas de intervencionismo militar en la política fueron en los dos últimos siglos: pronunciamientos, golpes militares y guerras civiles. Desde el primer gobierno postabsolutista en 1834 hasta la muerte de Franco en 1975, de los 141 años en 70, el jefe de Gobierno fue un general. Espartero, Narváez, O´Donnell, Prim, Miguel Primo de Rivera, Berenguer, Aznar, Franco, Carrero Blanco… Durante el régimen de Franco 40 de los 114 ministros fueron militares. Entre 4 y 8 militares como promedio hubo en sus gobiernos. Cerca de 1.000 de los 4.000 procuradores en Cortes durante 25 años fueron militares. Para acabar, llegamos a 1981 con Armada, Tejero, Milans del Bosch…

Y esto deja huella en nuestra historia. El estilo militar de tratar los asuntos públicos es el de «ordeno y mando», muy distante del de una democracia auténtica. Por ello, una de las tareas más complicadas tras la llegada de la democracia fue la de adaptar el ejército al nuevo sistema político, para que, sus miembros, como el resto de los funcionarios, se habituasen a cumplir las órdenes del gobierno de turno. Con ese objetivo hubo algunas reformas del general Manuel Gutiérrez Mellado con el gobierno de Suárez para poner a las Fuerzas Armadas bajo el control civil en 1976. En 1981 Leopoldo Calvo Sotelo en su gobierno nombró al civil Albert Oliart, como ministro de Defensa, en el primer gabinete en muchas décadas (probablemente el primero), en el que no hubo ningún militar. Igualmente las reformas de Narcís Serra con Felipe González, como los pases voluntarios a la Reserva, castigos por opiniones políticas, disminución de la edad de jubilación, etc. O la entrada en la OTAN, lo que supuso a los militares españoles el tener que convivir con los de otros países de una larga historia democrática. O la abolición del servicio militar obligatorio en 2002. Termino con una pregunta. ¿El ejército español se ha adaptado al sistema democrático?.

*Profesor de instituto