El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, debería aclarar por qué dijo que las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, no han sabido gestionar bien la prestación de renta vital. Estas declaraciones son muy desafortunadas por injustas, ya que si el ministro tiene constancia de ello, tendría que haber citado cuáles son las que no han sabido gestionar la renta vital, motivo que le ha servido para justificar que no sean las comunidades, salvo las dos forales, las que gestionen el ingreso mínimo vital implantado por el Gobierno central. Demuestra con sus palabras un profundo desconocimiento de cómo ha funcionado la prestación en Aragón, ya que esta lleva años funcionando sin que haya habido problemas. Por eso, no resulta aceptable que todo un ministro justifique la decisión de que solo las dos comunidades con privilegios forales gestionen este ingreso atacando en conjunto al resto.

Las palabras de Escrivá fueron respondidas contundentemente por el presidente de Aragón, Javier Lambán, que junto con otros presidentes autonómicos reclaman la transferencia de la gestión. Lambán tuvo ayer duras palabras para las declaraciones del ministro, en una entrevista concedida a la radiotelevisión pública autonómica. Sorprende que el presidente aragonés un día antes eludiera responder a las preguntas del resto de los medios y sí lo hiciera posteriormente en una entrevista, pero es oportuno que el ministro no se haya quedado sin réplica.

En cualquier caso, a pesar de la lógica indignación de diversos presidentes autonómicos por un nuevo agravio respecto a otras comunidades, el lamento generalizado vuelve a poner de relieve que el sistema constitucional español contempla una serie de ventajas y beneficios a Navarra y el País Vasco que facilitan este tipo de agravios. Y que hasta que ello no se revise, seguirá pasando. Pero no por ello un ministro debe acusar injustamente al resto de comunidades.