En el 2017 los casi 9,5 millones de pensionistas españoles verán incrementadas sus pensiones un 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones aprobada unilateralmente en 2013 por el Gobierno del PP. No habrá paga para compensar la desviación del IPC. Una subida espectacular, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los pensionistas, casi 5 millones, cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de los 707,6 euros aprobados en el Consejo de Ministros para 2017. De ellos, 1,9 millones (2 de cada 10) percibe entre 600 y 655,2 euros. Un millón de pensionistas (1 de cada 10) incluso menos. ¿Cómo encajamos estos datos con el artí- culo 50 de nuestra Constitución? El cual especifica: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad...»
El Gobierno con el apoyo de C’s vetó de entrada la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada en octubre del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV y el Grupo Mixto, para que las pensiones subieran una media del 1,2% en función del IPC previsto para 2017. La suma de diputados a favor de la proposición era en la Cámara Baja 178 votos, una mayoría absoluta. Sin embargo, el Gobierno la vetó recurriendo al artículo 134.6 de la Constitución: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». Aquí si aplica la Constitución a rajatabla. El primer veto del Gobierno pudo haber sido levantado el 13 de diciembre en la Mesa del Congreso, sin embargo, PP y C’s lo impidieron de nuevo. El Ejecutivo tuvo 15 días para remitir la información requerida por la Mesa y preparar su argumentación contra la subida. Esta dilación sirvió para que se acabase el plazo del trámite parlamentario antes del fin el año. La subida del 1,2% hubiera supuesto unos 1.200 millones de euros. Cifra asumible si la comparamos con otras mucho más cuantiosas asumidas por el Gobierno.
La financiación de los Programas Especiales de Armamento (PEAs), iniciados con Aznar y mantenidos por los socialistas supone hoy una deuda de unos 30.000 millones de euros. Veamos las artimañas en la pasada legislatura para verificar los pagos de los PEAs. No constan en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para presentarlo como un ejemplo de austeridad, mas luego los pagan recurriendo a Real Decretos. La Ley de Presupuestos de 2012 dotó con 4,95 millones de euros la partida destinada a pagar armamento, y en julio de ese año el Congreso de los Diputados publicó el Real Decreto-Ley 26/2012, por el que se aprobaron recursos extraordinarios de 1.782 millones de euros para el Ministerio de Defensa. La Ley de Presupuestos asignó al Ministerio en 2013, 2014 y 2015 una partida de 6,84 millones de euros respectivamente para hacer frente al pago de los PEAs, sin embargo, la Administración recurrió a los créditos extraordinarios, con 877,3 millones en el 2013; 883,6 en 2014 y 846,9 en 2015. En la pasada legislatura hubo 4.398,8 millones para misiles, tanques, aviones, helicópteros.
Los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y UPD contra el Art. 2.1 del Real Decretoley 10/2014, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, basándolo en que un compromiso de gasto hay que presupuestarlo, y no recurrir para sufragarlo a Reales Decretos. La sentencia del TC fue: «El recurso sistemático al Decreto-Ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales contenidas en el Art. 86.1. CE.»
Más todavía. El Ejecutivo pagó 1.350 millones a ACS en compensación por la plataforma Castor. ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).
Para pagar misiles o rescatar las autopistas se emite deuda pública. Lo mismo puede hacerse con las pensiones.
