Las grandes empresas del Ibex pagan a sus proveedores de media a los 169 días. Quince años después de la ley que fijaba el pago de las facturas en 60 días todavía se dan estos plazos sin que se haya regulado un régimen sancionador que meta en cintura esta fórmula basada en la posición de dominio y que permite a estas compañías estirar el pago a pymes y autónomos y, por tanto, financiarse a costa de los pequeños.
El informe Los plazos de pago en las empresas cotizadas pone en evidencia una fórmula denunciada tradicionalmente que permite a las grandes corporaciones ahorrarse una parte de la financiación que necesitarían para cumplir con sus obligaciones empresariales y cargar esta cuantía a sus proveedores. Alguna de esas firmas, adjudicatarias de servicios con las administraciones, no dudan en litigar cuando son ellas las perjudicadas y logran el pago con los intereses correspondientes. Por el contrario, sus proveedores, conscientes de la magnitud de sus pedidos se someten al desvío de plazos que les imponen antes de poner en riesgo su propia actividad. Lo tomas o lo dejas.
Pasa algo similar con los productores agroalimentarios. La gran distribución marca unos precios de compra que a duras penas cubren los de producción, pero como son perecederos no es fácil presionar para lograr mayores rentabilidades. Eso sí, al consumidor le llegan multiplicado su precio como poco por cuatro. Prácticas que no engrasan precisamente la fluidez económica.
En el caso del Ibex, los anticipos electorales han impedido aprobar el régimen sancionador. Otro asunto aplazado que se suma a tantos pendientes -laborales y sociales-- que deberán abordarse tras el 10-N.
*Periodista
