El Pleno de las Cortes de Aragón celebrado el viernes constató que la ley de reforma de la Administración Local en vigor desde principios de año provoca una peligrosa indefinición en los ayuntamientos, que no saben a qué atenerse en la prestación de servicios. Mientras el Ministerio de Hacienda ha enviado una circular en la que insta a los municipios a ajustarse a las competencias que le son propias o al establecimiento de acuerdos con las administraciones para las que actúen en delegación, la DGA asegura que por ahora pueden seguir ejerciendo sus competencias como venían haciendo. La confusión amenaza con la posibilidad cierta de que los consistorios se abstengan de ofrecer determinadas prestaciones para las que no están autorizados o no tienen financiación garantizada. La incertidumbre la pagarán los destinatarios de esos servicios caso de ser suprimidos, como ocurrirá en los municipios que respeten a rajatabla la distribución competencial tal como viene reflejada en la nueva ley.
El problema se extiende a los 730 municipios aragoneses, pero es en Zaragoza ciudad donde sus efectos son más perjudiciales si cabe. Orientada la diputación provincial al medio rural y con las comarcas como garantes de determinados servicios inviables para los pequeños municipios, en la capital se observa un buen puñado de servicios públicos que deberían ser suprimidos por el cumplimiento de la nueva ley: escuelas infantiles, oficina de apoyo al consumidor, competencias de salud... Cientos de funcionarios y miles de usuarios podrían verse afectados si no se verifica mediante convenio entre la DGA y el ayuntamiento que estas competencias propias de la comunidad autónoma sigan prestándose con normalidad.
Sin la ley de capitalidad, promesa electoral incumplida por el PP y por el PAR, será imposible esclarecer el galimatías competencial causado por la nueva ley. No sirve, como hace el consejero Antonio Suárez, con escudarse en que es posible mantenerlas hasta que se llegue a un acuerdo. Con la nueva ley local en la mano, los servicios jurídicos municipales podrían instar al cese de las actividades, para no incurrir en irregularidades al no estar garantizadas por el Ministerio de Hacienda las transferencias económicas anuales que sostienen las competencias impropias que son ejercidas desde el ayuntamiento por delegación. Dos ejemplos: cientos de zaragozanos podrían quedar sin guardería pública para sus hijos o sin atención en la Casa de Amparo, caso de ser usuarios habituales o esporádicos de sus instalaciones.
Una de las exigencias de Europa, asumida plenamente por el Gobierno de Rajoy cuando accedió al poder a finales del 2011 era la mejora de la Administración. Y sin embargo, como demuestra la nueva ley local, las reformas llevadas a cabo han servido más bien de poco: mucha confusión y reducciones de coste más que relativas. Ni se han suprimido niveles (local, comarcal, provincial, autonómico, estatal...), ni se han clarificado competencias, ni se han eliminado duplicidades, ni se ha garantizado la unidad de mercado ni, por tanto, se ha conseguido la ansiada eficiencia y modernización administrativas. Da la sensación de que se hizo una ley para que todo siguiera igual internamente y en la UE se creyeran que algo había cambiado.
Hace solo unas semanas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estimó que el 50% de las medidas incluidas en el Plan de la Comisión para la Reforma de la Administración estaban ejecutadas. Será cuantitativamente, porque lo que es cualitativamente España sigue casi igual que hace un año. Es cierto que durante la legislatura se ha reducido el número de funcionarios, volviendo a niveles del 2004, con 2.795.000 funcionarios entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), lo que representa 375.000 nóminas menos que hace un par de años. También lo es que se ha generado un ajuste en parques móviles, centrales de compras o unificación de servicios bancarios y financieros. Pero de ahí a pensar que se ha producido una modernización real... Una cosa es ahorrar (congelando sueldos a los funcionarios, eliminando pagas o amortizando plazas a la jubilación del titular) y otra bien diferente ser más eficiente en la prestación de los servicios públicos. Presionar a los funcionarios públicos no es sinónimo de calidad del sistema.
La magnífica colección de leyes, decretos, comisiones y declaraciones de intenciones no son suficientes para obtener una Administración mejor. La coyuntura actual obliga a que el Gobierno se emplee con la misma determinación con la que ha recortado prestaciones o ha incrementado la presión fiscal. De lo contrario, la Troika, el FMI o la UE seguirán reclamando a España la adopción de severas medidas devaluatorias del país, dirigidas a las clases medias y populares, como hasta ahora. Solo hay que comprobarlo con la última petición llegada desde Bruselas: subida del IVA, de los impuestos medioambientales, y en paralelo reducir el gasto farmacéutico, entre otros, y acometer una nueva reforma laboral.
