Bueno, las comisiones de las Cortes aragonesas para investigar los desmanes de Plaza y la CAI están dando mejores resultados de lo esperado. Está quedando meridianamente claro --y falta que la Justicia obre con todo el rigor-- que una serie de individuos se aprovecharon de la confianza en ellos depositada y llenaron sus bolsillos con el dinero de todos. Sin embargo, todavía son más graves y punibles los comportamientos de quienes formaron parte de los consejos de administración, al parecer solamente interesados en cobrar las dietas derivadas de su asistencia a los mismos (por cierto, ¿se ha planteado alguno de ellos, aunque solo fuere uno, devolver esos dineros tan inmerecidamente ganados?), unos consejeros que sin pudor alguno han ido confesando su absoluto desinterés para con sus obligaciones, cuando no algo peor. Y todavía es más destacable y repugnante comprobar cómo desde la administración, tal y como apuntaba ayer este periódico, quienes tenían la obligación de seguir, controlar y auditar las cuentas hicieron dejación de sus funciones sin velar por los intereses públicos. Si así parece entenderlo el consejero de Presidencia del Gobierno aragonés Bermúdez de Castro, ¿cómo es posible que no se adopten las medidas oportunas? Hay responsables, muchos responsables, y muchas responsabilidades que exigir y los ciudadanos tienen que comprobrar la moralidad y el sentido ético de la clase política. Caso contrario, la brecha y desprecio que ahora sienten, se ampliará de modo irreversible. Profesor de universidad
