Tras el alud de recursos interpuestos ante el Instituto Aragonés del Agua (IAA) por el polémico impuesto de contaminación (ICA), llegó la manifestación que ayer reunió a alrededor de 4.000 críticos en las calles de Zaragoza, exigiendo la derogación. Pero esta semana está previsto dar un paso más, acudir a la Junta de Reclamaciones Económico Administrativa de Aragón por la falta de respuesta de la Administración. Trámite previo a la judicialización del tributo en los tribunales ordinarios. Una rebelión ciudadana que se atisba imparable, aunque antes haya pasado por caja.
