Con cierta periodicidad se plantean propuestas de reformas electorales que parecen responder a determinadas carencias de nuestro sistema político. Los sistemas electorales básicamente se dividen en mayoritarios y proporcionales. Los primeros favorecen la generación de mayorías electorales que facilitan la gobernabilidad. Los segundos pretenden captar mejor las inquietudes e intereses de los diferentes sectores sociales. En los primeros se pierde o reduce la representación de determinados intereses y en los segundos, la diversidad de colectivos mejor representados en un parlamento pueda dificultar la creación de mayorías parlamentarias con posibilidades de gobernar. Las opiniones más fundadas sostienen que no hay un modelo ideal, que ambos tienen ventajas e inconvenientes, incluso aquellos sistemas que tratan de suavizar algunos de los fallos del modelo respectivo. Estas opiniones se ven avaladas por ejemplos de países con sistemas mayoritarios y problemas de gobernabilidad y otros países, con sistemas proporcionales, que resuelven muy bien la creación de mayorías para gobernar.
Parecería, por tanto, que la coyuntura y la situación sociopolítica serían las que, con un sistema o con otro, determinan que un determinado sistema sea el más adecuado y permita alcanzar los objetivos deseados al tiempo que reduce los inconvenientes. En el caso español, los más críticos con el modelo actual alegan su escasa proporcionalidad. Particularmente la desproporción que se produce entre los votos, a modo de ejemplo, que necesita IU para obtener un diputado y los que necesitan partidos como el PP o el PSOE. La inequidad es clara y manifiesta pero su corrección podría generar otros desajustes, como dejar a territorios poco poblados sin una mínima representación, además de agravar los problemas de gobernabilidad. Incrementar el número de diputados, actualmente 350, pues ya parece excesivo, pero es una opción.
Estoy de acuerdo en que nuestro sistema electoral adolece de falta de proporcionalidad en la representación pero por razones distintas a las que se aducían anteriormente y que, además, presenta problemas para la gobernabilidad. O sea, un sistema que en la coyuntura actual lo está haciendo realmente mal en los dos aspectos. Los dos problemas vienen por la misma razón: un exceso de proporcionalidad, no un defecto, claramente sesgado hacia el nacionalismo periférico. El problema de la posible no proporcionalidad no viene del diputado burgalés, turolense o soriano que, en general, por no decir siempre, se alinea con los intereses del país. En contadas ocasiones estos diputados (el «diputado» canario es la excepción) han podido exhibir y explotar su escaño, territorial o clientelarmente para su parroquia. Por el contrario, están inmersos en los intereses nacionales del conjunto del país.
La desproporcionalidad, la inequidad y el abuso viene de la sobrerrepresentación en el parlamento de la nación de los partidos nacionalistas. Estos partidos se benefician de una ley electoral que con unos resultados por debajo del 5% del censo electoral nacional, alcanzan en el parlamento nacional unos resultados en términos de escaños que influyen de manera determinante sobre los intereses de todos los españoles, haciendo prevalecer sus intereses particulares sobre el resto. No es un tema nuevo. Esto sí que es un hecho histórico: privilegios históricos, los diversos cuponazos en estos años.
En estos últimos tiempos, se ha manifestado de forma más descarnada la deshonestidad y la deslealtad de las diversas corrientes nacionalistas. Se ha evidenciado la inexistencia de una visión de los intereses generales del conjunto de España. Cierto que el franquismo con eso de la unidad de destino en lo universal que era España, contribuyó a que desde muchos sectores sociales se manifestaran reticencias a todo lo que oliera a patria, bandera y patriotismo. Sin embargo, llevamos ya casi 40 años de Constitución democrática y es como para dejar de tener determinadas preconcepciones acerca de la visión de nuestro país en el mundo y liberarnos de trasnochados fantasmas. Un sistema electoral debe pensarse para representar a la ciudadanía lo mejor posible y para facilitar la gobernabilidad. El actual, con el premio nacionalista, no representa proporcionalmente a la ciudadanía ni facilita la gobernabilidad. Y además, como propina, genera incentivos para la desafección territorial y, a su vez, para crear y alimentar a un inexistente nacionalismo español.
No he descrito nada nuevo que no sepamos, pero a la hora de planear reformas, con una perspectiva de país y de futuro, no se plantea la reforma electoral de forma clara y prioritaria, sino que se anda por las ramas mareando al personal.
*Universidad de Zaragoza
