La Transición diseñó una arquitectura política basada en unos pilares: monarquía parlamentaria, Constitución de 1978, un Parlamento bicameral; bipartidismo a nivel estatal; y un sistema electoral. Se impuso la idea reflejada en un titular de una crónica del ABC de mayo de 1984: La transición española, un ejemplo para el mundo como nueva obra de ingeniería política, tras una reunión celebrada en San Juan de la Penitencia, en Toledo, bajo los auspicios de la Fundación José Ortega y Gasset, de historiadores con los políticos. De los primeros estuvieron entre otros, los españoles: Juan Pablo Fusi, Santos Juliá; y extranjeros Edward Malefakis, Raymond Carr, Stanley Payne, Paul Preston. De los segundos: Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Josep Tarradellas, Leopoldo Calvo Sotelo, Santiago Carrillo, Manuel Gutiérrez Mellado y Felipe González. Los historiadores crearon un discurso, cuyo elemento fundamental, fue la idea de consenso y responsabilidad de la clase política de la Transición. Para Malefakis: «Los hombres de la Transición formaron un grupo extraordinario. De una capacidad que no suele darse en muchos países, y plenos de buena voluntad». De Suárez: «Fue lo mejor que se podía tener como líder». Y lo que más le sorprendió es que «todo se hiciera con hombres relacionados con el régimen anterior. La Transición aquí se hizo mejor que en Grecia, que contaba con un líder experimentado como Karamanlis». Puestos a buscar algún defecto a los españoles, señala Malefakis «creer que se puede crear un mundo nuevo. Felipe González señaló en un momento a los periodistas que la Transición se ha superado «desde el momento en que un partido obtiene la mayoría absoluta», y que la evidencia de que el Rey ha sido el personaje de más peso a lo largo de la Transición y Suárez el verdadero protagonista es tal que «el que no lo reconozca así es que está loco». En definitiva, después de la creación del mundo, el acontecimiento más importante de la historia universal.

Los pilares de esa arquitectura hecha hace casi 40 años se están agrietando, lo que entra dentro de la normalidad histórica.

En cuanto a la Monarquía, a pesar del extraordinario blindaje político, mediático y constitucional, recientes comportamientos nada ejemplares, como la cacería del anterior monarca en Boswana, los líos de faldas, los regalos desinteresados de los jeques del petróleo, el caso de Urdangarin, la desinculpación de la infanta Cristina, propiciaron un desprestigio galopante e irreversible, tal como mostraron sucesivos sondeos del CIS. El actual monarca pienso que lo tendrá muy difícil de corregir.

La Carta Magna necesita una profunda reforma, porque no sirve hoy para encauzar algunos problemas políticos, como, por ejemplo, el territorial, que estamos constatando en estos momentos. El artículo 2º, que reconoce taxativamente la indisoluble unidad de la Nación española, imposibilita el reconocimiento de la plurinacionalidad existente en el territorio del Estado español. Mas, este artículo no fue producto del consenso entre los diferentes miembros de la ponencia que redactó la Constitución; muy al contrario, fue una imposición extraparlamentaria, casi con toda seguridad de origen militar. Según el profesor Xacobe Bastida Freixido, en el transcurso de la discusión en torno a las enmiendas que tocaban al artículo 2º, y cuando Jordi Solé Tura presidía la ponencia -era rotatoria-, apareció un mensajero con una nota procedente de la Moncloa en la que se señaló e impuso cómo debía estar redactado tal artículo.

Las Cortes se han distanciado de amplios sectores de la ciudadanía. El Senado es un cementerio de elefantes, cuya operatividad es nula, ya que no ejerce como auténtica cámara de representación territorial. El Congreso de los Diputados hasta hace poco tuvo que estar protegido de los ciudadanos con vallas y las Fuerzas de Orden Público. Encuestas sobre Tendencias Políticas y Electorales del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales nos dicen que el Parlamento, que es constitucionalmente el depositario de la soberanía nacional, está entre las instituciones más desprestigiadas.

En cuanto al bipartidismo a nivel estatal se vino abajo con la irrupción de nuevas fuerzas políticas tras el 15-M.

El Real Decreto-Ley de marzo de 1977, que estableció las normas para las primeras elecciones libres -, adultera la voluntad expresada en las urnas, por lo que se hace necesaria una legislación más justa y proporcional. Para ello, se creó una subcomisión en mayo de este año, en el seno de la Comisión Constitucional, para la reforma electoral. Iniciativa promovida por el PSOE y C’s, y que también han apoyado el PP y el resto de las fuerzas políticas, salvo el PNV.

Por lo expuesto parece clara la necesidad de una nueva Transición. Lo que no tiene que suponer un ataque a la democracia, sino su regeneración. Mas, para esta tarea es clave el protagonismo de políticos de verdad, que saben captar los cambios que se suceden inexorablemente en una determinada sociedad, y además saben encauzarlos políticamente y plasmarlos jurídicamente. Tome buena nota, Sr. Rajoy. H *Profesor de instituto